MILITARES, DDHH Y EL NUEVO GOBIERNO

LOS MILITARES Y LOS DD.HH EN EL NUEVO GOBIERNO

Durante las últimas semanas han ocurrido una serie de hechos que – en conjunto –indican un agravamiento en la situación que afecta a cientos de militares en retiro, actualmente condenados, procesados o perseguidos por causas de derechos humanos. Entre otros, los principales indicativos de que la situación empeora en vez de mejorar, son los siguientes:

1. Apelación del gobierno a la negativa de la Corte Suprema de reabrir el Caso Soria:

En el mes de Septiembre de 2008, el Subsecretario del Interior de la época (ex - jefe del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior), solicitó a la Corte Suprema la reapertura del Caso Soria, a pesar de haber sido ello rechazado en varias oportunidades previas. El ministro designado por el máximo tribunal para estudiar la petición, resolvió que el caso no puede ser reabierto por encontrarse sobreseído definitivamente, además de amnistiado y ejecutoriado. Pese a tan clara y contundente resolución judicial, la Jefa recién designada para dirigir el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, apeló del fallo mencionado en nombre del gobierno, insistiendo en que el caso debe ser reabierto.

Lo anterior podría indicar que no hubo un análisis serio de las consecuencias que acarrearía la reapertura de un caso en este estado o que el nuevo gobierno no está dispuesto a enfrentar reclamos de parte del mundo de los derechos humanos, manteniendo exactamente igual la asimétrica situación que ha afectado por años a los militares.

La apelación en cuestión expone al gobierno a que le digan que sí, lo que sentaría una jurisprudencia inédita en Chile que estimularía la reapertura de un sinnúmero de casos cerrados y ejecutoriados, anulando el principio de “cosa juzgada”. Ello, sólo serviría para estimular la abusiva utilización del tema por parte de los aprovechadores de siempre, en directo perjuicio de la vida de cientos de familias del mundo militar que seguirían viéndose injustamente afectadas, mientras sus adversarios siguen cosechando beneficios económicos y de todo tipo, como lo demuestran los últimos hechos observados por la sociedad. Sólo basta recordar que gracias a la Comisión Valech hay más de 40.000 supuestos “torturados” que con seguridad intentarán mantener abiertos o reabrir procesos hasta sacar algún provecho.

2. Impugnación pública de la designación del nuevo Director de Gendarmería:

La campaña desatada por un diputado comunista para impugnar la designación del nuevo Director de Gendarmería, sin otra justificación que haber prestado servicios en la misma unidad a la que pertenecían quienes resultaron condenados por el caso degollados, constituye una clara muestra de la odiosidad que no desea abandonar un sector minoritario de la sociedad, el cual trata de hacer aparecer al oficial como integrante del “alto mando” de la DICOMCAR, tergiversando los hechos al omitir que en la época en cuestión el oficial ostentaba apenas el grado de Teniente, ocupando cargos muy subalternos en la organización.

La tibia defensa inicial del gobierno y la falta de una reacción de real fortaleza demuestra que la coalición en el poder sigue temiendo al mundo vengador de los derechos humanos, demostrando con ello que no consigue librarse del complejo que le acarrea este tema y validando sin querer la injusta responsabilidad que le atribuyen sus adversarios. En la práctica, esta acción abusiva persigue inhibir la voluntad del Director de Gendarmería para que no ejerza las atribuciones propias de su cargo y que le permiten otorgar beneficios largamente postergados por sus predecesores a los militares condenados, manteniendo a éstos relegados a la condición de parias o ciudadanos de segunda clase.

3. Indulto rechazado:

Apenas seis días después de haber asumido el nuevo gobierno y en medio de la crisis causada por el terremoto y las dificultades para la designación de sus autoridades regionales, una extraña señal proveniente del Ejecutivo remeció al mundo militar, al rechazarse de plano una solicitud de indulto presidencial, no resuelta por el gobierno anterior y precariamente estudiada por las nuevas autoridades, en menos de una semana.

La preocupación no proviene del rechazo propiamente tal, cuya injusticia explícita ya no sorprende al mundo militar, si no de la premura con la que se estudió y resolvió un tema tan trascendente para el afectado y para su familia, lo que entregó una potente señal sobre lo que pueden esperar los uniformados en los tiempos venideros.

Pareciera que con ello se deseó evitar la apertura de flancos políticos, aún a costa de seguir sometiendo a los militares al trato vejatorio e inequitativo que le han otorgado los sucesivos gobiernos de la Concertación, quienes en forma reiterada les negaron el acceso a los beneficios que la Ley garantiza para el resto de la población.

4. Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior:

Una vez conocido el resultado de la segunda vuelta eleccionaria y poco antes de la instalación del nuevo gobierno, las organizaciones de defensa de derechos humanos hicieron pública su preocupación por el riesgo de que la oficina de abogados del Programa deDerechos Humanos del Ministerio del Interior fuera desmantelada. La preocupación declarada habla por sí sola del valor estratégico que dicha instancia ha tenido para la mantención del tema en la agenda pública, puesto que desde allí se ha llevado por años la planificación, dirección y control de las acciones legales en contra de los militares.

El riesgo de desmantelamiento se basaba según ellos mismos en la precariedad de la existencia de dicha oficina, cuyo origen legal determinaba una vida máxima de un año, la que fue extendida por la vía administrativa a través de un simple Decreto Presidencial, fácilmente anulable al momento de llegar las nuevas autoridades.

Sin embargo, a la instalación del nuevo gobierno no hubo tal desmantelamiento ni al menos un esfuerzo mínimo de toma de control sobre dicha oficina y sus actividades. Por el contrario, no solo se mantuvo la planta de abogados de un definido color político, si no que se designó a una nueva jefa que haciendo gala de un discurso tan sorprendente como ajeno a los postulados de la coalición gobernante, asumió el liderazgo activo de las causas de derechos humanos, ante la grata mirada de sus antecesores. Es cosa de leer la entrevista publicada el domingo 11 de Abril de 2010 en el diario La Nación para comprender los alcances de su compromiso ideológico.

Dicha actitud no solo no guarda relación con los objetivos declarados por el programa de gobierno, si no que en la práctica lo subordina a los intereses de grupos agitadores de DD.HH., manteniendo la poderosa estructura del Ejecutivo al servicio de una causa ideológicamente lejana y claramente beneficiosa para sus adversarios políticos. Por supuesto, en directo desmedro de la situación de los militares en retiro, desprovistos de todo apoyo al respecto.

5. Fallo en el caso Porvenir:

Hace unos días, se conoció en la Corte Suprema el primer fallo en un caso de derechos humanos, dictado con posterioridad al cambio de gobierno. En éste, la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó el fallo dictado anteriormente por la Corte de Apelaciones y que absolvía de toda responsabilidad a un ex – Subteniente de Ejército (grado ostentado al momento de ocurridos los hechos de los que se le acusaba), imponiéndole inesperadamente y de oficio una pena de 7 años de presidio efectivo.

Dicho fallo que sorprendió a todos por su extrema severidad y liquidó la vida de este militar y su familia por hechos ocurridos hace casi 40 años, pareciera corresponder, más que a una corrección a la decisión de un tribunal inferior, a una señal que se quisiera enviar al sector vencedor en las elecciones, indicándole que no habrá cambio alguno en el rigor con que se aplicará la justicia a este sector marginal de la sociedad, confirmando que la doctrina del “ni perdón ni olvido” seguirá plenamente vigente, a pesar del cambio de gobierno.

El mensaje, con las dolorosas e injustas consecuencias imaginables, sólo confirma la percepción acerca de la persistencia del espíritu vengador que – alimentando el beneficio de unos pocos - seguirá dividiendo a los chilenos, hasta que alguien tenga el valor de detenerlo.

Una vez más se demuestra la inequidad en el trato a los militares, quienes se encuentran expuestos a una humillante discriminación judicial que tan solo alimenta sentimientos que atentan gravemente contra la unidad espiritual que debiera existir entre los chilenos.

6. Financiamiento ONG JURE:

La defensa judicial de los militares ha estado desde hace un par de años sostenida en gran parte por la Organización No Gubernamental “JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN”, constituida legalmente y controlada como tal por el Ministerio de Justicia. Su financiamiento ha estado en manos de unos pocos mecenas y en especial en el aporte voluntario del personal en servicio activo del Ejército.

Recientemente y en forma totalmente inesperada, el principal aporte fue reducido a la mitad, obligando a desligar de la defensa de los militares a 12 de los 18 abogados que cumplían esta labor, generando con ello una concentración de causas en los 6 abogados restantes, lo que con seguridad debilitará gravemente la defensa de los afectados, justo en el momento en que la mayor parte de los procesos entran en sus etapas finales.

El grado de desesperación que ello ha causado en los afectados es enorme, provocando sentimientos de abandono y de impotencia ante el desamparo en que son dejados frente a la coordinada acción de sus adversarios, en especial al saber que los actos de los que se les acusa fueron desarrollados mientras se desempeñaban como empleados del Estado y formando parte de un ente disciplinado y jerarquizado, hecho que hoy es completamente ignorado por los administradores de la justicia vengadora.

Sin financiamiento, el destino de los militares quedará probablemente en manos de jóvenes defensores públicos, quienes se enfrentarán a avezados equipos de abogados, entre otros los del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y nada menos que los del Consejo de Defensa del Estado, sin posibilidades de equiparar su poder de influencia ante los magistrados y ministros de corte.

7. Petición de indulto de la Iglesia Católica:

La Iglesia Católica ha planteado formalmente una petición al gobierno para que se dicte un indulto con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional, sin que a la fecha se haya obtenido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Entretanto, la izquierda política ha levantado voces en contra de cualquier beneficio que pudiera alcanzar a los militares condenados, presionando directamente al gobierno para evitar que su decisión los favorezca, a pesar de cumplir con todos los requisitos posibles de exigirles para ello.

Una vez más, la sociedad chilena es testigo de la discriminación con que se trata a los militares, quienes son estigmatizados como genocidas en una grosera manipulación de la historia. Nadie recuerda en cambio lo sucedido con los criminales terroristas que fueron indultados por los gobiernos de la Concertación o beneficiados con la Ley de Amnistía, la misma cuya aplicación es negada sistemáticamente a los militares. Será muy interesante conocer en su momento la cantidad de indultados otorgados por los gobiernos concertacionistas, en especial aquellos de última hora.

Nos encontramos hoy ante un escenario previsible, en el que no existe la voluntad política con capacidad para imponer la equidad mínima que un acto de esta naturaleza amerita. Por el contrario, se percibe la clásica tibieza y doble estándar de un mundo político donde los derechos universales del ser humano son utilizados para presionar y obtener ventajas electorales, económicas y de cualquier tipo. Cualquier cosa menos que la satisfacción de la necesidad de trato igualitario a que todo hombre tiene derecho.

Si los militares son dejados fuera de esta iniciativa y se insiste en tratarlos como ciudadanos de segunda, el gobierno estará cediendo ante la presión de un grupo minoritario, en desmedro de los verdaderos intereses que competen al bien común y en directo y grave perjuicio de un grupo de hombres que se entregaron en forma honesta y leal al servicio de la Patria, aún cuando en algunos casos pudieran haber caído en excesos que – fuera del contexto en que se desarrollaron - son difícilmente entendibles.

Los hechos descritos anteriormente demuestran que la situación que afecta a los militares en retiro parece encontrarse lejos de una solución y que - por el contrario –se estaría agravando. Las razones para ello están a la vista y de no mediar una reacción pronta y completa, la sociedad chilena será testigo del encarcelamiento extemporáneo y abusivo de otra gran cantidad de oficiales y suboficiales de las FF.AA. que, al igual que los anteriores, serán tratados sin el menor respeto a los mismos derechos humanos en cuyo nombre sus adversarios dicen actuar.

La aplicación sesgada de la Ley y la negación para los militares de los derechos que ella consagra a todos los chilenos, transforma inevitablemente a los ex – uniformados en “presos políticos”, lo que - junto con alejar la ansiada reconciliación y unidad nacional - constituye una incómoda herencia para los nuevos gobernantes, mientras se siguen sirviendo los objetivos de un grupo político tan ideologizado como ajeno a los intereses de la mayoría de la población.

Si el odio no es contenido a tiempo y se permite que éste siga marcando el eje de la relación entre los chilenos es dable esperar futuras situaciones en las que veremos una vez más aflorar sus dañinos efectos, plasmados en violencia, Todo ello, en un ciclo interminable que solo puede ser interrumpido con el ejercicio vigoroso de la voluntad política y el apoyo de toda la sociedad, en especial de aquellas instituciones que constituyen sus referentes morales y éticos.

CRUZADA DE RECONCILIACIÓN NACIONAL

12 de Abril de 2010