RECUERDO DE UNA REUNIÓN DE CURSO

Nuestro Presidente, Alférez Manuel Orellana, con su hijo en una de las reuniones de Curso en que el Mayor Orellana ofició de anfitrión. Al centro y más atrás vemos al Alférez Julio Deramond Carrasco armado para brindar.

FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

FOTOGRAFÍA CON HISTORIA.
Los Oficiales de guarnición en Antofagasta el año 1969, poco antes del "TACNAZO" despiden al General Roberto Viaux Marambio quién había sido llamado desde Santiago tras su relevo como Comandante de la División.
Si alguien me puede ayudar para identificar a los camaradas que aparecen en la fotografía, se los agradecería mucho.

FELICITACIONES

PARTE DEL CURSO 1965 ESTE AÑO DURANTE UN ACTO SOCIAL CON HIJOS QUE FUERON ANFITRIONES

SE FELICITA, EN NOMBRE DE TODO EL CURSO MILITAR 1965, A LOS ALFERECES PATRICIO OCHOA Y LUIS VILLARROEL, CUYOS HIJOS HAN SIDO ACEPTADOS COMO ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE GUERRA.

COMO PROMOCION NOS ALEGRA DE LOS EXITOS ALCANZADOS POR NUESTRO DESCENDIENTES, EN LO QUE DICE RELACION CON LA CARRERA QUE HEMOS ABRAZADO EN NUESTRA JUVENTUD, CONSTITUYENDO ELLOS UN MOTIVO DE ORGULLO Y SATISFACCION, TANTO PARA LA FAMILIA COMO PARA LA PROMOCION.

UN ABRAZO Y SALUDOS PARA RODRIGO VILLARROEL DELGADO Y PATRICIO OCHOA PEÑAILILLO.

MANUEL ALEXANDER ORELLANA M.
ALFÉREZ PRESIDENTE
CURSO MILITAR 1965

EL CASO ANDRUSCO

EL CASO ANDRUSCO

En el supuesto que la vinculación del general Iván Andrusco con las violaciones a los derechos humanos fueran ciertas, como acusa extemporáneamente el comunista Hugo Gutiérrez, a quién debieran pedirle explicaciones los diputados socialistas Marcelo Díaz y Fidel Espinoza es al ex Presidente Ricardo Lagos, que fue el que lo promovió al grado de general y lo envió a la Convención de Ginebra a exponer sobre DDHH y, también, al mismísimo Gutiérrez por haber callado en aquella oportunidad los antecedentes que dice poseer y que sustentarían sus acusaciones. Claro que en aquella ocasión, también es de suponer, es probable que Gutiérrez no lo considerara oportuno ni beneficioso para los intereses políticos comunistas en juego.

Lo concreto es que sin antecedentes jurídicos valederos el diputado comunista le dobló la mano al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y al gobierno.

El Editor

RENUNCIÓ GENERAL (r) IVÁN ANDRUSCO

Director de Gendarmería renuncia a su cargo tras polémica por casos de DDHH

La designación del general en retiro de Carabineros, Iván Andrusco, fue fuertemente cuestionada tras ser vinculado al Caso Degollados. Dijo dejar el puesto por "la obligación moral de no exponer la integridad de mi familia".

por latercera.com - 16/04/2010 - 20:05

El general (r) de Carabineros Iván Andrusco, quien fue designado por el gobierno de Sebastián Piñera para ocupar el cargo de director de Gendarmería, renunció al cargo esta tarde luego de ser fuertemente cuestionado por su vinculación al Caso Degollados.

Este hace referencia al secuestro y posterior homicidio de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero en 1985, época cuando el ex uniformado trabajaba en la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), unidad de inteligencia de la policía.

La información fue confirmada por fuentes de la institución, quienes además informaron que la dimisión ya estaría en manos del ministro de Justicia, Felipe Bulnes.

En su declaración pública, Andrusco afirma que "lo he dicho y no dejaré de repetirlo: jamás he estado involucrado ni directa ni indirectamente en algún acto vinculado a violaciones a los derechos humanos, como se pretendió hacer creer. Niego categóricamente las imputaciones infundadas, injustas y crueles que se me han dirigido".

Asimismo, dice constatar " con mucho dolor que grupos minoritarios utilizando la bandera de los Derechos Humanos pretende manipular su causa".

A continuación, señala que ante "la obligación moral de no exponer la integridad de mi familia, he decidido presentar mi renuncia al cargo. Con esta decisión, podré disfrutar de la libertad para defenderme de las falsedades que algunos quisieron hacer pasar por hechos y que bajo el pretexto de la defensa de los Derechos Humanos atentan contra lo que también es un derecho ciudadano, que es el respeto a la honra y la dignidad de las personas".

Quien en primer lugar apareció públicamente con la molestia por la designación y pidió su salida de Gendarmería fue el diputado Hugo Gutiérrez (PC). El legislador, vinculado como abogado en materia Derechos Humanos, dijo a Canal 24 Horas que se enteró de la noticia a través del diputado Tucapel Jiménez, y que éste le comentó que "una de las razones que había dado (el ex general) es que se sentía intimidado o amenazado por mi persona”. En este sentido, el diputado agregó que “en definitiva la razón se impuso sobre una mala decisión política que se tomó en un primer momento. Que el gobierno del Presidente Piñera recapacitó sobre lo que había definido como director de Gendarmería... quiero creer que lo que se impone es un común denominador, que es la vigencia de los Derechos Humanos en la cual todo tenemos que operar, especialmente el Presidente de la República".

MILITARES, DDHH Y EL NUEVO GOBIERNO

LOS MILITARES Y LOS DD.HH EN EL NUEVO GOBIERNO

Durante las últimas semanas han ocurrido una serie de hechos que – en conjunto –indican un agravamiento en la situación que afecta a cientos de militares en retiro, actualmente condenados, procesados o perseguidos por causas de derechos humanos. Entre otros, los principales indicativos de que la situación empeora en vez de mejorar, son los siguientes:

1. Apelación del gobierno a la negativa de la Corte Suprema de reabrir el Caso Soria:

En el mes de Septiembre de 2008, el Subsecretario del Interior de la época (ex - jefe del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior), solicitó a la Corte Suprema la reapertura del Caso Soria, a pesar de haber sido ello rechazado en varias oportunidades previas. El ministro designado por el máximo tribunal para estudiar la petición, resolvió que el caso no puede ser reabierto por encontrarse sobreseído definitivamente, además de amnistiado y ejecutoriado. Pese a tan clara y contundente resolución judicial, la Jefa recién designada para dirigir el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, apeló del fallo mencionado en nombre del gobierno, insistiendo en que el caso debe ser reabierto.

Lo anterior podría indicar que no hubo un análisis serio de las consecuencias que acarrearía la reapertura de un caso en este estado o que el nuevo gobierno no está dispuesto a enfrentar reclamos de parte del mundo de los derechos humanos, manteniendo exactamente igual la asimétrica situación que ha afectado por años a los militares.

La apelación en cuestión expone al gobierno a que le digan que sí, lo que sentaría una jurisprudencia inédita en Chile que estimularía la reapertura de un sinnúmero de casos cerrados y ejecutoriados, anulando el principio de “cosa juzgada”. Ello, sólo serviría para estimular la abusiva utilización del tema por parte de los aprovechadores de siempre, en directo perjuicio de la vida de cientos de familias del mundo militar que seguirían viéndose injustamente afectadas, mientras sus adversarios siguen cosechando beneficios económicos y de todo tipo, como lo demuestran los últimos hechos observados por la sociedad. Sólo basta recordar que gracias a la Comisión Valech hay más de 40.000 supuestos “torturados” que con seguridad intentarán mantener abiertos o reabrir procesos hasta sacar algún provecho.

2. Impugnación pública de la designación del nuevo Director de Gendarmería:

La campaña desatada por un diputado comunista para impugnar la designación del nuevo Director de Gendarmería, sin otra justificación que haber prestado servicios en la misma unidad a la que pertenecían quienes resultaron condenados por el caso degollados, constituye una clara muestra de la odiosidad que no desea abandonar un sector minoritario de la sociedad, el cual trata de hacer aparecer al oficial como integrante del “alto mando” de la DICOMCAR, tergiversando los hechos al omitir que en la época en cuestión el oficial ostentaba apenas el grado de Teniente, ocupando cargos muy subalternos en la organización.

La tibia defensa inicial del gobierno y la falta de una reacción de real fortaleza demuestra que la coalición en el poder sigue temiendo al mundo vengador de los derechos humanos, demostrando con ello que no consigue librarse del complejo que le acarrea este tema y validando sin querer la injusta responsabilidad que le atribuyen sus adversarios. En la práctica, esta acción abusiva persigue inhibir la voluntad del Director de Gendarmería para que no ejerza las atribuciones propias de su cargo y que le permiten otorgar beneficios largamente postergados por sus predecesores a los militares condenados, manteniendo a éstos relegados a la condición de parias o ciudadanos de segunda clase.

3. Indulto rechazado:

Apenas seis días después de haber asumido el nuevo gobierno y en medio de la crisis causada por el terremoto y las dificultades para la designación de sus autoridades regionales, una extraña señal proveniente del Ejecutivo remeció al mundo militar, al rechazarse de plano una solicitud de indulto presidencial, no resuelta por el gobierno anterior y precariamente estudiada por las nuevas autoridades, en menos de una semana.

La preocupación no proviene del rechazo propiamente tal, cuya injusticia explícita ya no sorprende al mundo militar, si no de la premura con la que se estudió y resolvió un tema tan trascendente para el afectado y para su familia, lo que entregó una potente señal sobre lo que pueden esperar los uniformados en los tiempos venideros.

Pareciera que con ello se deseó evitar la apertura de flancos políticos, aún a costa de seguir sometiendo a los militares al trato vejatorio e inequitativo que le han otorgado los sucesivos gobiernos de la Concertación, quienes en forma reiterada les negaron el acceso a los beneficios que la Ley garantiza para el resto de la población.

4. Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior:

Una vez conocido el resultado de la segunda vuelta eleccionaria y poco antes de la instalación del nuevo gobierno, las organizaciones de defensa de derechos humanos hicieron pública su preocupación por el riesgo de que la oficina de abogados del Programa deDerechos Humanos del Ministerio del Interior fuera desmantelada. La preocupación declarada habla por sí sola del valor estratégico que dicha instancia ha tenido para la mantención del tema en la agenda pública, puesto que desde allí se ha llevado por años la planificación, dirección y control de las acciones legales en contra de los militares.

El riesgo de desmantelamiento se basaba según ellos mismos en la precariedad de la existencia de dicha oficina, cuyo origen legal determinaba una vida máxima de un año, la que fue extendida por la vía administrativa a través de un simple Decreto Presidencial, fácilmente anulable al momento de llegar las nuevas autoridades.

Sin embargo, a la instalación del nuevo gobierno no hubo tal desmantelamiento ni al menos un esfuerzo mínimo de toma de control sobre dicha oficina y sus actividades. Por el contrario, no solo se mantuvo la planta de abogados de un definido color político, si no que se designó a una nueva jefa que haciendo gala de un discurso tan sorprendente como ajeno a los postulados de la coalición gobernante, asumió el liderazgo activo de las causas de derechos humanos, ante la grata mirada de sus antecesores. Es cosa de leer la entrevista publicada el domingo 11 de Abril de 2010 en el diario La Nación para comprender los alcances de su compromiso ideológico.

Dicha actitud no solo no guarda relación con los objetivos declarados por el programa de gobierno, si no que en la práctica lo subordina a los intereses de grupos agitadores de DD.HH., manteniendo la poderosa estructura del Ejecutivo al servicio de una causa ideológicamente lejana y claramente beneficiosa para sus adversarios políticos. Por supuesto, en directo desmedro de la situación de los militares en retiro, desprovistos de todo apoyo al respecto.

5. Fallo en el caso Porvenir:

Hace unos días, se conoció en la Corte Suprema el primer fallo en un caso de derechos humanos, dictado con posterioridad al cambio de gobierno. En éste, la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó el fallo dictado anteriormente por la Corte de Apelaciones y que absolvía de toda responsabilidad a un ex – Subteniente de Ejército (grado ostentado al momento de ocurridos los hechos de los que se le acusaba), imponiéndole inesperadamente y de oficio una pena de 7 años de presidio efectivo.

Dicho fallo que sorprendió a todos por su extrema severidad y liquidó la vida de este militar y su familia por hechos ocurridos hace casi 40 años, pareciera corresponder, más que a una corrección a la decisión de un tribunal inferior, a una señal que se quisiera enviar al sector vencedor en las elecciones, indicándole que no habrá cambio alguno en el rigor con que se aplicará la justicia a este sector marginal de la sociedad, confirmando que la doctrina del “ni perdón ni olvido” seguirá plenamente vigente, a pesar del cambio de gobierno.

El mensaje, con las dolorosas e injustas consecuencias imaginables, sólo confirma la percepción acerca de la persistencia del espíritu vengador que – alimentando el beneficio de unos pocos - seguirá dividiendo a los chilenos, hasta que alguien tenga el valor de detenerlo.

Una vez más se demuestra la inequidad en el trato a los militares, quienes se encuentran expuestos a una humillante discriminación judicial que tan solo alimenta sentimientos que atentan gravemente contra la unidad espiritual que debiera existir entre los chilenos.

6. Financiamiento ONG JURE:

La defensa judicial de los militares ha estado desde hace un par de años sostenida en gran parte por la Organización No Gubernamental “JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN”, constituida legalmente y controlada como tal por el Ministerio de Justicia. Su financiamiento ha estado en manos de unos pocos mecenas y en especial en el aporte voluntario del personal en servicio activo del Ejército.

Recientemente y en forma totalmente inesperada, el principal aporte fue reducido a la mitad, obligando a desligar de la defensa de los militares a 12 de los 18 abogados que cumplían esta labor, generando con ello una concentración de causas en los 6 abogados restantes, lo que con seguridad debilitará gravemente la defensa de los afectados, justo en el momento en que la mayor parte de los procesos entran en sus etapas finales.

El grado de desesperación que ello ha causado en los afectados es enorme, provocando sentimientos de abandono y de impotencia ante el desamparo en que son dejados frente a la coordinada acción de sus adversarios, en especial al saber que los actos de los que se les acusa fueron desarrollados mientras se desempeñaban como empleados del Estado y formando parte de un ente disciplinado y jerarquizado, hecho que hoy es completamente ignorado por los administradores de la justicia vengadora.

Sin financiamiento, el destino de los militares quedará probablemente en manos de jóvenes defensores públicos, quienes se enfrentarán a avezados equipos de abogados, entre otros los del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y nada menos que los del Consejo de Defensa del Estado, sin posibilidades de equiparar su poder de influencia ante los magistrados y ministros de corte.

7. Petición de indulto de la Iglesia Católica:

La Iglesia Católica ha planteado formalmente una petición al gobierno para que se dicte un indulto con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional, sin que a la fecha se haya obtenido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Entretanto, la izquierda política ha levantado voces en contra de cualquier beneficio que pudiera alcanzar a los militares condenados, presionando directamente al gobierno para evitar que su decisión los favorezca, a pesar de cumplir con todos los requisitos posibles de exigirles para ello.

Una vez más, la sociedad chilena es testigo de la discriminación con que se trata a los militares, quienes son estigmatizados como genocidas en una grosera manipulación de la historia. Nadie recuerda en cambio lo sucedido con los criminales terroristas que fueron indultados por los gobiernos de la Concertación o beneficiados con la Ley de Amnistía, la misma cuya aplicación es negada sistemáticamente a los militares. Será muy interesante conocer en su momento la cantidad de indultados otorgados por los gobiernos concertacionistas, en especial aquellos de última hora.

Nos encontramos hoy ante un escenario previsible, en el que no existe la voluntad política con capacidad para imponer la equidad mínima que un acto de esta naturaleza amerita. Por el contrario, se percibe la clásica tibieza y doble estándar de un mundo político donde los derechos universales del ser humano son utilizados para presionar y obtener ventajas electorales, económicas y de cualquier tipo. Cualquier cosa menos que la satisfacción de la necesidad de trato igualitario a que todo hombre tiene derecho.

Si los militares son dejados fuera de esta iniciativa y se insiste en tratarlos como ciudadanos de segunda, el gobierno estará cediendo ante la presión de un grupo minoritario, en desmedro de los verdaderos intereses que competen al bien común y en directo y grave perjuicio de un grupo de hombres que se entregaron en forma honesta y leal al servicio de la Patria, aún cuando en algunos casos pudieran haber caído en excesos que – fuera del contexto en que se desarrollaron - son difícilmente entendibles.

Los hechos descritos anteriormente demuestran que la situación que afecta a los militares en retiro parece encontrarse lejos de una solución y que - por el contrario –se estaría agravando. Las razones para ello están a la vista y de no mediar una reacción pronta y completa, la sociedad chilena será testigo del encarcelamiento extemporáneo y abusivo de otra gran cantidad de oficiales y suboficiales de las FF.AA. que, al igual que los anteriores, serán tratados sin el menor respeto a los mismos derechos humanos en cuyo nombre sus adversarios dicen actuar.

La aplicación sesgada de la Ley y la negación para los militares de los derechos que ella consagra a todos los chilenos, transforma inevitablemente a los ex – uniformados en “presos políticos”, lo que - junto con alejar la ansiada reconciliación y unidad nacional - constituye una incómoda herencia para los nuevos gobernantes, mientras se siguen sirviendo los objetivos de un grupo político tan ideologizado como ajeno a los intereses de la mayoría de la población.

Si el odio no es contenido a tiempo y se permite que éste siga marcando el eje de la relación entre los chilenos es dable esperar futuras situaciones en las que veremos una vez más aflorar sus dañinos efectos, plasmados en violencia, Todo ello, en un ciclo interminable que solo puede ser interrumpido con el ejercicio vigoroso de la voluntad política y el apoyo de toda la sociedad, en especial de aquellas instituciones que constituyen sus referentes morales y éticos.

CRUZADA DE RECONCILIACIÓN NACIONAL

12 de Abril de 2010

¡MÁS DE LO MISMO!

EDITORIAL

Se transcribe in extenso la entrevista de la nueva Secretaria Ejecutiva del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, abogada Rossy Lama, publicada hoy domingo por el diario LA NACIÓN. No me extiendo en mayores e innecesarios comentarios pues, oportunamente, fijé mi posición respecto a la segunda vuelta presidencial, a mi opción de voto y a mi opinión sobre la Concertación y la Alianza constitutivos como un Suprapartido Transversal.

LA NACIÓN

Rossy Lama: “No habrá ley de punto final en las causas de DDHH”

Por Jorge Escalante / La Nación Domingo

La abogada penalista sostiene que el trabajo del programa no cambiará y opina que “en delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni prescripción”. Se opone a fijar plazo de término a los procesos y dice que “seguiremos buscando la verdad y la justicia”, por lo cual continuará presentando las querellas que aún estén pendientes.

Domingo 11 de abril de 2010 | | LND Entrevistas

La joven abogada dice enfrentar con entusiasmo el desafío en su nuevo cargo, tan distinto a cuando en el Consejo de Defensa del Estado le tocó participar en la Operación Frontera 2000, relacionada con el tráfico de drogas.

La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.

Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será “pluralista” y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.

-¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?
-Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.

-¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?
-Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.

-¿Cuáles serían los casos en que no correspondería presentar querellas?
-Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.

-Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?
-Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.

-¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?
-También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.

-¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?
-El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.

-¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?
-El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.

-¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?
-El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.

-¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?
-En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.

-Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?
-Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.

-¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?
-Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.

-¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?
-He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.

-¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?
-Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.

-Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…
-No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.

-Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…
-Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.

-¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?
-No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.

-Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.
-Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.

-Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?
-Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.

-¿De qué manera?
-Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.

-El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.
-El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.

-¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?
-Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.

-Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…
-Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.

CASO SORIA: RAZONES DE LA PETICIÓN DE APERTURA

Una de las primeras acciones efectuadas por el Programa de Derechos Humanos al mando de Rossy Lama fue solicitar la reapertura del caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Lama explicó a LND las razones que llevaron a esta entidad a persistir en la investigación de esta causa emblemática de derechos humanos, hecho ocurrido a mediados de la década del 70. Incluso, en 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía, confirmando una resolución de la justicia militar.

-Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?
-Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.

-¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?
-Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.